Lo de Portugal es la expresión de este Problema.

Reducir costes estructurales de la Administración es imposible cuando el personal de la Administración se ha enrocado en normas y leyes. Lo mismo pasará cuando se trata de derechos adquiridos por los ciudadanos acostumbrados a servicios del “Estado del Bienestar” porque si por Ley les corresponden no podrá ser un Juez quién se los quite.

Seguro que si se denunciasen reducciones de sueldos o de pagas extras a los empleados de las empresas privadas, los Jueces actuarían igual, pero Portugalaquí la diferencia estriba en que si la empresa se declara en quiebra, aplicando otra ley, acabará liquidándose y sus empleados, al mismo tiempo que la empresa desaparece, se irán al paro.

Parece que lo que nos dice el caso de Portugal es que un Estado de Derecho, con derechos concedidos a sus ciudadanos por encima de  su capacidad económica para sostenerlos, tiene que quebrar antes que recortarlos.

¿Es realmente justo?

Edm